Éste es un e-mail que me han reenviado hoy, lo pego tal y como me ha llegado.

Respuesta al artículo de opinión "La Dictadura del funcionariado" de D. Manuel Martín Ferrand.

Sr. Martín Ferrand son muchos ya los
comentarios despectivos y miserables que se están lanzando contra los
funcionarios, esa casta, como usted los llama de la que yo formo parte. Pero es
precisamente su artículo de opinión, por venir de quien viene, todo un
profesional del periodismo, al que yo, sinceramente creía, objetivo y sensato,
el que me ha encendido sobremanera y no quiero pasar por alto mi oportunidad de
respuesta porque no ha podido ser más subjetivo, más insensato y sobre todo, más
erróneo en sus planteamientos contra nuestra “casta”.

En primer
lugar, ni yo ni ninguno de los muchos compañeros a los que trato nos sentimos ni
tenemos porqué sentirnos servidores de nadie, y mucho menos queremos ser
servidos. Le aclaro que en mi declaración a Hacienda no consta que sea servidora
de nadie, sino una empleada por cuenta ajena; en este caso, mi empresa es la
Junta de Andalucía, a la que accedí por cierto tras unas duras oposiciones y que
tras, 25 años de servicio como Administrativa (es decir 8 trienios), teniendo un
complemento de exclusividad que me obliga a trabajar, como minimo, 110 horas más
al año que al personal que no lo tiene y gestionando un Negociado, cobro 1.500 €,
de los cuales usted se cree muy dueño de rebajar un 20%.

Comenta que
por la crisis es el funcionariado el que tiene que ver disminuidos sus ingresos,
¿por qué?, ¿es que en épocas de “vacas gordas” el Gobierno hace conmigo reparto
de beneficios? ¿Está usted quizás dispuesto a darme algo de sus ingresos cuando
éstos sobrepasen lo que habitualmente cobra? ¿Está dispuesto acaso a hacerlo
algún profesional “libre” de este país?

Le pongo un ejemplo muy
concreto. Un vecino de mi bloque, trabajador de la construcción, tan discreto en
ingresos como yo hasta el “boom” urbanístico, ha podido invertir y comprar 2
pisos más en Sevilla capital. Es cierto, ahora está en paro y yo y toda mi casta hemos contribuido a que pueda
cobrar el subsidio de desempleo, porcentaje que pagamos todos los meses aunque a
nosotros no nos haga falta, pues jamás lo cobraremos. Además, usted pretende
rebajar mi sueldo un 20% para “repartir”con él y muchos como él que ahora
no les va bien. ¿Hablaría usted para que me cediera uno de sus pisos y así
dejar la hipoteca del único pisito que poseo y que me está quitando el sueño?
Los dos creemos que él no estaría dispuesto, ¿verdad?.Pues yo tampoco a darle un
20% de mi sueldo.

Habla también de que pretendemos vivir sin la
incertidumbre que acompaña a otros ciudadanos. Pues sí, Sr. Martín, de eso se
trata, aspirar a ser funcionarios es aspirar a poco materialmente en la vida,
nunca seremos ricos, pero aspiramos a la estabilidad en el empleo, recurso al
que puede aspirar cualquier persona, usted también, aprobando unas oposiciones.
Por tanto, si yo he aspirado a “ganar poco y vivir tranquila” es un derecho
adquirido y no, no me he adueñado de nada ni considero mi puesto hereditario.
Mis hijos se lo tendrán que currar y posiblemente más que los suyos, por venir
de una familia más humilde o sencilla como quiera llamarlo. Y es en este punto
donde más me enciendo, ¿con qué derecho se cree a proclamar a los cuatro vientos
que mis dos hijos (estoy separada) tengan que vivir con un 20% menos de lo que
viven?

Ah y yo declaro hasta el último céntimo que gano (y todos sabemos
que eso no es así en todas las profesiones, que hay mucha “economía sumergida”),
por lo tanto no intente “calentarle” el ánimo a nadie con el hecho de que son
los ciudadanos con sus impuestos los que me retribuyen , nosotros también
contribuimos y mucho a las arcas del Estado.

Y una cosa más, considero
el trabajo de esta casta mucho más importante para el país que el de su
profesión, por ejemplo. Si no escribe un dia un artículo no pasa absolutamente
nada, pero si mis compañeros de la Sanidad, la Enseñanza, los Cuerpos de
Seguridad… no acudieran a su trabajo…

En fin Sr. Martín piense más lo
que escribe antes de hacerlo.
Bueno.

Esto demuestra que es imposible que nadie entienda algo en España.

Según leo en un reciente artículo de Luis María Anson que apareció en "El Mundo"
en 1976 había 600.000 funcionarios,
hoy en día - finales de 2009 - son 3.200.000 repartidos entre los distintos niveles de la administración pública :
competencias aún retenidas por el Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos
y otros organismos públicos propios de algunos territorios.
Se estima que el número necesario de funcionarios debería de ser 700,000 y que esa cifra se piensa
alcanzar a base de la fórmula 10 x 1 - diez salen - se jubilan- , uno entra -
Bueno si hacemos un cálculo suponiendo que hay el mismo número de funcionarios de cada edad
y que se jubilan a los 65 entrando a ejercer la función pública a los 25,
tardaremos en alcanzar la cifra unos 40 años.
Tengo los cálculos en casa - otro día los incorporo -

La Administración Pública gobierna y gestiona los intereses públicos españoles
y tiene potestad administrativa y también reglamentaria.
La potestad reglamentaria permite el desarrollo de la Constitución de 1978
donde se recogen los derechos fundamentales y libertades públicas.

Por otra parte los españoles contribuimos a sostener todo este aparato
según nuestras capacidades.

La función pública comprende al personal al Servicio de la Administración de Justicia,
al integrado en el Cuerpo Diplomático, al Personal Sanitario,
al Personal Docente y al Personal al Servicio de la Administración Pública.
El artículo 1 en su punto primero dice
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
luego en España no se sirve en el sentido de esclavitud.
En su artículo 103, punto primero dice :
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
luego existe una servidumbre al interés general que debe ser eficaz
y en este sentido hay que entenderlo.
La Administración Pública está subordinada al interés general no a evitar los rigores del mercado laboral.

Pero esto es sólo el comienzo del problema puesto que hay una administración paralela
construida a base de interinos, que entraron no se sabe cuándo, ni se sabe bién cómo
y una red de empresas públicas, institutos de tal y cual, fundaciones, etc.
Hace unos años mientras iba a la Facultad en bicicleta por el paseo de las Delicias,
me pilló una manifestación de interinos de la Junta de Andalucía.
Iban montados en coches, haciendo sonar los cláxones al grito de
"ya estamos colócaos, ahora haznos fijos, Manolo".
¡ Qué tiempos !

Recuerdo a los manifestantes con pancartas en sábanas blancas,
camisa sudorosa y alpargata
frente a la Delegación del Gobierno cuando el autobús me traía de vuelta del instituto
a principios de los ochenta.
De aquellos recuerdos a estas "manifas" en BMW o Mercedes...
y a base de pancartas retractiladas en metacrilato.
¡ Cómo hemos "cambiao" !

La función pública no puede sustituir las carencias de un mercado laboral desastroso.
¿ Con qué se pagan los sueldos de los funcionarios, esos que no pueden disminuir en cuantía alguna ?
Pues de momento con lo que todos pagamos de IRPF - funcionarios incluidos -
Si todos somos funcionarios, las cuentas no salen ¿ no os parece ?

Un saludo.

Referencias:
Un
enlace al artículo de opinión "Dictadura del funcionariado" publicado en ABC el viernes
12 de febrero de 2010.

El artículo
"Rajoy y los funcionarios" de Luis María Anson
publicado en la sección "Canela Fina" de El Mundo el día 12 de enero de 2010.